Para adaptar las Cortes al incremento de transferencias, plantillas de personal, y de recursos presupuestarios que en los últimos años se han multiplicado por varias veces.
Las transferencias de Educación en el 2000, de Sanidad en el 2002 y de Trabajo en el 2003, han supuesto un incremento de más de 40.000 personas en la plantilla de la Junta y los presupuestos regionales se han multiplicado por 4 en los cinco últimos años.
Las transferencias de Educación en el 2000, de Sanidad en el 2002 y de Trabajo en el 2003, han supuesto un incremento de más de 40.000 personas en la plantilla de la Junta y los presupuestos regionales se han multiplicado por 4 en los cinco últimos años.
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Polémica en el seno de la formación política de Salamanca
IU se enfrenta a una demanda de tutela de derechos fundamentales
La debilidad política de Izquierda Unida Salamanca –sin representación municipal y regional desde el año 1999– se ha traducido, en los últimos meses, en una crisis interna que, según ha podido saber este diario, escribirá su próximo capítulo ante los tribunales, después de que una veintena de personas haya presentado una demanda de conciliación en ejercicio de tutela civil de derechos fundamentales contra IU de Castilla y León.
I. R. F.
Los demandantes, entre los que se encuentran ex concejales de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Salamanca, ex coordinadores provinciales, miembros de CCOO, militantes y dirigentes del Colectivo Estudiantil Alternativo (CEA), ex candidatos de IU Salamanca en las elecciones generales de 2001 y 2005, entre otros, acordaron adoptar medidas jurídicas contra la dirección regional de Izquierda Unida tras la reiterada negativa a tramitar su solicitud de afiliación –cursada hasta en dos ocasiones, julio y septiembre de 2005–, vulnerando, según se señala textualmente en la demanda a la que ha tenido acceso este diario, «los derechos fundamentales de asociación (artículo 22 de la Constitución Española), participación en la vida pública (artículo 23) y de libertad de expresión (artículo 20)».
Asimismo, se califica la actitud de los órganos de dirección de IU Castilla y León de «discriminatoria» al entender que se «vulnera lo dispuesto en los propios Estatutos» de la formación política, en los que no se recoge que los afiliados deban someterse a ningún proceso de selección por parte de los órganos de dirección, argumento esgrimido desde la Secretaría de Organización de IU de Castilla y León al ser cuestionados los responsables por el retraso de siete meses que ya acumulan las solicitudes de afiliación.
Ocho meses de retrasos
En la última reunión mantenida (el pasado día 24 en Salamanca), desde la Secretaría de Organización, según aseguraron asistentes a la misma, sólo se comprometían a reunir a la presidencia regional de IU para estudiar las medidas a adoptar para ‘normalizar’ el proceso de afiliación, ocho meses después de presentarse desde Salamanca las solicitudes de afiliación.
En la demanda de protección de los derechos fundamentales también se esgrime el que, a juicio de los demandantes, es el motivo por el que se les niega su participación en las filas de la formación política: «Ser afiliados o simpatizantes del PCE (miembro de IU) y haber apoyado posiciones políticas internas en IU contrarias a las defendidas por la actual dirección de la formación política en el ámbito regional».
La demanda se presenta contra la dirección regional al ser, desde mayo de 2005, una comisión gestora la que se hace cargo de la formación política en Salamanca y que, según fuentes consultadas, podría estarse extralimitando en sus responsabilidades políticas (convocatoria de ruedas de prensa, comparecencias en pleno municipal...), ya que se trata de una figura que no aparece recogida en los estatutos y a la que se recurre únicamente como herramienta organizativa hasta la convocatoria de nueva asamblea.
Esta comisión está formada por Antonio Herreros (ex procurador en Cortes y ex coordinador regional de IU), Santiago Sánchez Vicente, Fernando Écija (miembro de la presidencia regional), Jesús Santos y Gorka Esparza.
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