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Mercedes Camacho / Ciudad Real
El coordinador regional de IU, Cayo Lara, presentó ayer en Ciudad Real la campaña “Tenemos votos. tenemos que tener voz”, con la que vuelven a poner de manifiesto la necesidad de que se reforme la Ley electoral en Castilla-La Mancha antes de las elecciones previstas para la primavera de 2007 “para que todos los votos de los ciudadanos tengan el mismo valor, y las elecciones sean más democráticas, algo que no ocurre ahora, ya que mientras el PSOE y el PP obtienen un escaño en las Cortes regionales con 21.000 y 22.000 votos, respectivamente, IU con más de 33.000 no obtiene ninguno”.
En este sentido, la propuesta de IU se basa en la ampliación de 47 a 56 escaños en las Cortes regionales, el máximo que fija el Estatuto de Autonomía, con reparto un reparto por provincias que se establecería en 15 escaños para Toledo, 14 para Ciudad Real, 12 para Albacete, y 9 para Cuenca y Guadalajara. “Además de que consideramos que la Ley d'Hont se debe aplicar sobre el conjunto de votos obtenidos en la región, independientemente de que luego el diputado se asigne por la provincia en la que se hayan obtenido los votos suficientes”, apuntó el coordinador regional de IU.
Respecto a la postura mantenida por el Gobierno regional, Lara aseguró que el presidente regional, José María Barreda, les transmitió durante una reunión que su voluntad es modificar la ley electoral pero si el PP está de acuerdo, “y aunque Molina no se ha pronunciado públicamente pero si me dijo en una reunión privada que veía esta modificación con buenos ojos, lo que nosotros le pedimos al PSOE es que efectúe la reforma con el PP o sin él, porque para eso tiene una mayoría cualificada”.
Si no se produce esta modificación de aquí a dos meses, Cayo Lara amenazó con endurecer esta campaña “para que no nos silencien”, dijo.
El consistorio y la privatización
En otro orden de cosas, la coordinadora local de IU, Ana María Rubio, mostró su satisfacción por la sentencia que ha obtenido CCOO y en la que el TSJCLM considera que no es legal la privatización del servicio de recaudación del Ayuntamiento Municipal, “algo que ya avisamos porque una empresa privada no puede tener todos los datos de los ciudadanos”.
En este sentido, Rubio deseó que el consistorio pare “la carrera privatizadora que comenzó hace varios años “ y que, en su opinión, sólo supone peor calidad en los servicios, precarización de las condiciones laborales y no creación de empleo público, así como el lucro de las empresas privadas a costa de fondos públicos.
En este sentido, la propuesta de IU se basa en la ampliación de 47 a 56 escaños en las Cortes regionales, el máximo que fija el Estatuto de Autonomía, con reparto un reparto por provincias que se establecería en 15 escaños para Toledo, 14 para Ciudad Real, 12 para Albacete, y 9 para Cuenca y Guadalajara. “Además de que consideramos que la Ley d'Hont se debe aplicar sobre el conjunto de votos obtenidos en la región, independientemente de que luego el diputado se asigne por la provincia en la que se hayan obtenido los votos suficientes”, apuntó el coordinador regional de IU.
Respecto a la postura mantenida por el Gobierno regional, Lara aseguró que el presidente regional, José María Barreda, les transmitió durante una reunión que su voluntad es modificar la ley electoral pero si el PP está de acuerdo, “y aunque Molina no se ha pronunciado públicamente pero si me dijo en una reunión privada que veía esta modificación con buenos ojos, lo que nosotros le pedimos al PSOE es que efectúe la reforma con el PP o sin él, porque para eso tiene una mayoría cualificada”.
Si no se produce esta modificación de aquí a dos meses, Cayo Lara amenazó con endurecer esta campaña “para que no nos silencien”, dijo.
El consistorio y la privatización
En otro orden de cosas, la coordinadora local de IU, Ana María Rubio, mostró su satisfacción por la sentencia que ha obtenido CCOO y en la que el TSJCLM considera que no es legal la privatización del servicio de recaudación del Ayuntamiento Municipal, “algo que ya avisamos porque una empresa privada no puede tener todos los datos de los ciudadanos”.
En este sentido, Rubio deseó que el consistorio pare “la carrera privatizadora que comenzó hace varios años “ y que, en su opinión, sólo supone peor calidad en los servicios, precarización de las condiciones laborales y no creación de empleo público, así como el lucro de las empresas privadas a costa de fondos públicos.
