Editorial. Truco o trato

ABC

EL Gobierno de Castilla-La Mancha puede cometer una chapuza o una trampa. O, en el peor de los casos, ambas cosas. La chapuza consistiría en reformar la ley electoral a menos de cuatro meses de los comicios -lo cual no tiene precedentes en España- añadiendo un diputado en Guadalajara para dar remedio al disparate de que en esa provincia se elige un diputado menos que en Cuenca a pesar de tener ya más población. Pero queriendo solucionar un entuerto se abriría la puerta a otro aún mayor, pues sería en ese caso posible que, en un sistema bipartidista como el castellano-manchego, PP y PSOE terminaran empatando a 24 diputados en los comicios del próximo 27 de mayo. El propio Estatuto de Autonomía impediría en tal caso elegir presidente, pues el texto exige la mayoría absoluta en primer lugar, la mayoría simple, en segundo, y en último término, mayor número de escaños para que un partido acceda al Gobierno. Una crisis política e institucional también sin precedentes.

Esa sería la chapuza. Y la trampa consistiría en que, pretendiendo evitar el empate, Barreda optara por subir, aparte del de Guadalajara, otro diputado también en la provincia de Toledo. Ello beneficiaría indudablemente a los socialistas, pues se asegurarían, en el peor de los casos, empatar en dos de las circunscripciones que mejores resultados suelen reportar al PP. Incluso podría suceder que el PSOE se alzase con la presidencia con menor número de votos que los populares. Sólo subiendo, no uno, sino dos diputados exclusivamente en Guadalajara se conseguiría antes de las elecciones poner fin a esta situación sin peligro al empate y sin causar perjuicio a los intereses de ninguna formación política. Y después del 27-M, ya habría tiempo para consensuar una reforma más profunda y más estable.

El plazo se termina, pero aún le queda al presidente castellano-manchego la opción del trato. A no ser que lo que prefiera sea el truco, la trampa y la chapuza. Sería lamentable, pues lo que está en juego es nada menos que la limpieza electoral. Cualquier atisbo de sospecha y de confusión sobre el proceso causaría un daño irreparable a las instituciones.